Los Autoconvocados de la Salud se reunieron con legisladores provinciales para avanzar en la reforma de la ley de Carrera Sanitaria. La respuesta oficial estuvo basada en la disponibilidad financiera para hacer frente a las modificaciones propuestas. Responsabilidad del Ejecutivo. Los galenos piden suspender una evaluación del SIPROSA.
26/09/2012 10:45 PM | Existen dos condicionamientos de los que depende la suerte que pueda correr el requerimiento de los autoconvocados de la salud para lograr el debate y tratamiento de la ley de Carrera Sanitaria. Por un lado, el aspecto económico que deberá estimarse para hacer frente a los cambios que se impulsan en la normativa; mientras que, por otro lado, agotadas las gestiones y discusiones en ámbitos parlamentarios, la última palabra radicará en el Poder Ejecutivo, cuya decisión política definirá si se avanza en este sentido.
Tales conclusiones quedaron expuestas en la jornada de ayer luego de que se concretara una reunión entre el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS, ala gremial que nuclea a los galenos combativos) y los integrantes de la Comisión de Salud de la Legislatura, momento en el que se abordaron los necesarios cambios a introducir a esta ley que data de 1988, donde algunos de sus artículos aún no se encuentran reglamentados ni aplicados en la actualidad.
Tras una movilización que partió en horas del mediodía desde el Centro de Salud y que tuvo como destino el palacio legislativo tucumano, los médicos fueron recibidos por la Comisión para analizar los vericuetos de la situación planteada.
Al finalizar la reunión, la secretaria general del SITAS, Adriana Bueno, en diálogo con la prensa sostuvo que la presidenta del órgano de trabajo en materia sanitaria de la Legislatura, Beatriz Ávila, les informó que para poder elaborar un análisis profundo de la norma existen algunas limitaciones como ser el impacto económico que demandará el tratamiento de la ley y las modificaciones a implementar. En razón de ello, Bueno aclaró que en mayo pasado estos informes de índole financiero ya fueron solicitados tanto al Poder Ejecutivo como al Ministerio de Economía, pero sin obtener respuesta alguna hasta el momento.
“Estamos preocupados por ver cuál será la presentación en el nuevo Presupuesto en lo que refiere a Salud, porque si ahí no se considera un aumento quiere decir que no habría una voluntad política para poder modificar verdaderamente esta ley”, adujo la referente del hospital de Concepción, al reconocer que la modificación de la ley está supeditada a los recursos económicos disponibles.
Asimismo, rescató la buena predisposición que encontraron en los legisladores para discutir los temas más relevantes de la normativa pero que no revistan un impacto significativo en materia dineraria. “Para ver el impacto tenemos que saber toda la distribución de recursos humanos, dónde está y de qué niveles son, y toda esa información está dentro del PE, no la tienen los sindicatos, está guardada y esperamos que ante la solicitud pueda ser ofrecida”, dijo Bueno.
Además, la galena indicó que los legisladores se comprometieron a realizar todas las gestiones a su alcance para lograr avances en la discusión de este tema, pero que hoy en día se veían imposibilitados de encarar algún tipo de tratamiento complejo hasta tanto no se tenga precisión de los recursos con los que se cuente para ello.
Frente a dicho panorama, Bueno aseguró que el estudio de la norma en su totalidad se daría de manera gradual puesto que “nosotros, al ser personas sensatas, podemos establecer un cronograma escalonado de puesta en marcha, lo que no podemos hacer es no hablar, no debatir y que quede todo igual”.
Supeditados al contexto
Por su parte, Ávila, al hacer mención a lo tratado durante el encuentro, calificado como positivo por la parlamentaria, remarcó que “les informamos (a los médicos) que necesitamos no alejarnos de un contexto y de una realidad económica y social que la provincia no escapa, nos interesa que todos los estatales puedan tener los sueldos al día, y que esta ley significa un impacto económico importante, por ello la idea es ir avanzando en otros aspectos. Porque en esto hay que ser muy serios y respetuosos, no podemos hacer una norma si no tenemos la base económica y saber cuál será el impacto que causará dentro de las arcas de la provincia”, reconoció.
Al respecto, comentó que desde la Comisión que preside ya se elevó la petición de informes al Ejecutivo ya que, según lo aseverado por ella, la situación económica no se asemeja a la de años atrás cuando comenzaron a trazarse los lineamientos para abordar esta cuestión.
“La respuesta está en el Ejecutivo, son los responsables de manejar los recursos del Estado y esto se hace de manera muy seria. Escuchamos permanentemente al gobernador hablar de una situación difícil por lo que se deben reducir todo tipo de gastos innecesarios. El diálogo seguirá de manera permanente y con la verdad como ha sido siempre”, señaló Ávila.
Vale resaltar además que otro de los puntos que fueron planteados durante la reunión se relacionó con la evaluación aptitudinal diagramada por el SIPROSA para ser aplicada en el plantel médico de la provincia y que despertó el malestar de los Autoconvocados.
“Le solicitamos que ellos (por los parlamentarios) actúen y le informen al PE y al Ministerio de Salud acerca de la evaluación que tanta disconformidad ocasionó, porque esperamos poder hacer una evaluación en forma más consensuada, que sea más útil”, esgrimió Bueno. La petición fue recogida por la parlamentaria justicialista quien comunicará a las autoridades pertinentes sobre la postura galena orientada a suspender esta disposición. En igual sentido, SITAS solicitó, a su vez, que los concursos que se determinen en el sistema se caractericen por ser abiertos y transparentes.
