Autoconvocados marcharon a la Legislatura por una nueva ley que regule la actividad. El Gobierno no avanza en la sanción del texto porque su aplicación implicaría mayor gasto. Los gremialistas dicen que no hay voluntad política de impulsar cambios
Inseparable, necesaria y condicionante. Así podría definirse la relación entre la situación económica y la reforma de la Ley de Carrera Sanitaria (5.908). Ocurre que la aplicación de las modificaciones que reclaman los autoconvocados de la salud en la norma que regula su actividad tendría gran impacto en las arcas provinciales. Esa, según el Gobierno, es la piedra que demora la decisión política e interrumpe el camino de la nueva ley hacia el recinto de sesiones.
Al menos, es una de las conclusiones que se escucharon ayer en la Legislatura, luego de que la comisión de Salud Pública recibiera a las autoridades del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas).
Quejas y diálogo
Los delegados marcharon desde el Centro de Salud hacia la Cámara para pedir el avance en los cambios de la norma. Sucede que durante la firma del acta acuerdo de agosto de 2011, los trabajadores y el Poder Ejecutivo (PE) habían acordado que avanzarían con la reforma.
Una vez que se acercaron al edificio, un tendido de vallas los detuvo. Empleados de la Legislatura les anunciaron que una delegación sería recibida. En la sala de comisión del cuarto piso, y durante dos horas, las partes discutieron en privado.
“Nos informaron sobre algunas limitaciones que tuvieron para poder trabajar. Estamos necesitando el estudio de impacto económico para avanzar. Se lo solicitaron al Ministerio de Economía en mayo y no están las respuestas necesarias”, manifestó la secretaria general del Sitas, Adriana Bueno. Explicó que se debe a que dentro de las disposiciones hay cifras postergadas y desactualizadas que impactarán en el salarios. Afirmó que también necesitan contar con datos del personal del Siprosa y que, hasta el momento, tampoco fueron aportados por el Ejecutivo.
“Vimos buena predisposición de los miembros de la comisión para avanzar en las cuestiones prioritarias de la ley”, subrayó. Detalló que les requirieron que en los próximos días acerquen los puntos urgentes por tratar y que no involucren cuestiones presupuestarias.
Bueno expresó su preocupación acerca de que el proyecto de Presupuesto 2013 no incluya el dinero necesario para implementar los cambios. “El proyecto llegará próximamente a la Legislatura, y si no hay cambios en la partida de Salud querrá decir que no habrá una voluntad política para avanzar”, consideró.
La dirigente reconoció que son conscientes de que, de aprobarse, la ley no se aplicará de manera inmediata. “Somos sensatos y, entre todos, podemos hacer un cronograma escalonado de puesta en marcha. Lo que no podemos hacer es no hablar y que quede todo igual”, concluyó.
Los autoconvocados también plantearon sus quejas por la resolución N° 613 (incorporada a la Ley de Carrera), que dispuso la evaluación de los agentes del sistema, y de la falta de concursos para acceder a los cargos.
“Hay que ser serios y respetuosos. No podemos hacer una norma si no tenemos la base económica y sin saber cuál será el impacto dentro de las arcas, cuando hay provincias con problemas económicos. Solicitamos por escrito los informes y nos reunimos personalmente en la Casa de Gobierno”, reconoció Beatriz Ávila, presidenta de la comisión de Salud. La oficialista dejó entrever que la última palabra corre por cuenta del Gobierno. “Estamos en permanente contacto con el Ejecutivo, porque son los responsables de los recursos del Estado. Lo bueno es que el diálogo seguirá de manera permanente”, concluyó.
Hasta el momento, hay dos propuestas para la reforma. Una presentada por el Ministerio de Salud y la otra, por el Sitas.
Sobre qué se discute
En agosto de 2011, los autoconvocados de la salud y el Gobierno firmaron el acta acuerdo en la que se comprometieron a debatir la Ley de Carrera Sanitaria.
Hace poco más de una semana, el Sitas denunció en una asamblea la demora en la discusión. Entonces decidió marchar hacia la Legislatura.
La Ley 5.908, de 1988, es una norma que regula el trabajo en el Siprosa. Nunca fue aplicada totalmente y contiene ítems que quedaron desactualizados.
